Un sector que pareciera no tener corazón:

Afectación del medioambiente, la vulneración a salud de las personas, los desplazamientos forzados, la criminalización de la protesta social en defensa de sus derechos, entre otros, son los impactos negativos de estos mega proyectos.

Uno de los rubros industriales que más provoca denuncias y quejas sobre violaciones a los derechos humanos en la actualidad, es la extracción de minerales.  Se trata de una de las principales conclusiones de un estudio internacional sobre esta situación que afecta a millones de personas, principalmente en países de América Latina, entre ellos Chile y algunas naciones fronterizas.

De hecho, el 28% de las denuncias de violaciones a los derechos humanos por sectores de la economía, precisamente corresponde al mundo de la explotación minera y en su mayoría ocurren en esta zona del planeta.   En tal sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registraba en su base de datos hacia el año 2014 un total de 198 conflictos activos producto de la mega o gran minería en toda la región.

Pero eso no es todo, ya que en lo que nos atañe como país productor de minerales, según este informe internacional, de aquellos conflictos generados por la llamada “mega minería” canadiense, 12 de ellos ocurrían en Colombia, 20 en Brasil, 26 en Argentina, y 34 en Chile y en Perú, respectivamente.  

Sin embargo, otro dato complementario del estudio sitúa a Chile país como el segundo país latinoamericano en el que las mineras canadienses más invierten, ítem que es liderado por México con 20 mil millones de dólares y seguido por Chile con 19 mil millones de dólares, relegando a Estados Unidos a un tercer lugar con 17 mil millones de dólares.

Así como el dinero, la presión que ejercen las grandes empresas mineras para instalarse y desarrollar sus proyectos es igualmente considerable, tema que es recogido por este estudio que clasifica y ejemplifica algunos de los atropellos de que son objeto los individuos y comunidades aledañas.  A lo menos se distinguen ochos aspecto de la vida de estas personas y sus entornos que son gravemente vulnerados por estos mega proyectos mineros.

El informe define como impactos negativos que conllevan la vulneración de derechos: el deterioro medioambiental; los desplazamientos forzados de personas o comunidades; la división de las comunidades y fractura del tejido social; la criminalización de la protesta social, es decir, la defensa de derechos por parte de la población afectada.

También, se mencionan las afectaciones económicas ya sea por alteración de las fuentes de ingreso tradicionales y de los modos de subsistencia provocando empobrecimiento de los lugareños; las muertes violentas y heridas graves a los opositores y a los trabajadores de las faenas mineras; las vulneraciones a la salud por la exposición a las actividades mineras o a la contaminación del agua, el aire y el suelo; la adquisición fraudulenta de la propiedad mediante engaño o manipulación de la información para hacerse de la propiedad; y el no respeto a los derechos indígenas, entre otros.

Finalmente, el estudio financiado por Miseror entrega un conjunto de recomendaciones, tanto para los estados involucrados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular para que incorpore en sus análisis sobre violaciones a los derechos humanos “las responsabilidades de los Estados de origen de las empresas extractivas y reflejarlo en el Informe Anual, los Informes de País, las visitas in loco y de trabajo” y otras medidas, en el marco de las instancias regionales como la OEA.